Con su reciente autoproclamación, Edmundo González Urrutia, quien operó durante su estadía en la Embajada de Venezuela en El Salvador como agente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en las operaciones de contrarrevolución, busca sumarse de facto a la lista de colaboradores de la agencia que alcanzaron la presidencia de un país.

Entre 1958 y 1982, México contó con cuatro mandatarios empleados de la agencia norteamericana y se convirtió en base de las operaciones de inteligencia para toda la región. La relación con el Partido Revolucionario Institucional, el cual gobernó durante más de 70 años el país, culminó subordinando sus intereses a los estadounidenses en momentos signados por la Guerra Fría.

Para la nación azteca, la estadía de estos colaboradores en el Palacio Nacional (sede del Gobierno Nacional de México) se tradujo en la persecución permanente contra opositores políticos, estudiantes, obreros y campesinos, con matanzas como la masacre de Tlatelolco de octubre de 1968, en la que al menos doscientos estudiantes fueron asesinados por las fuerzas represivas del Estado.

Situación que tuvo lugar en momentos en que González Urrutia era ministro consejero del entonces embajador Leopoldo Castillo en El Salvador (1979-1984) y desde la Embajada venezolana se ejecutaba la «Operación Centauro», dirigida por la CIA, que contemplaba eliminar a varios religiosos relacionados con la teología de la liberación y que le valieron el pseudónimos a Castillo de “el matacuras”. 

Documentos desclasificados

Documentos desclasificados y diversos testimonios revelan que Adolfo López Mateos(1958-1964), Gustavo Díaz Ordaz(1964-1970),  Luis Echeverría(1970-1976) y José López Portillo(1976-1982) señalan fehacientemente que durante sus mandatos al frente del Ejecutivo mexicano fueron colaboradores a sueldo de la CIA.

Durante este periodo, en México se consolidó de operaciones para Latinoamérica de la inteligencia estadounidense durante todo el periodo de Guerra Fría, en donde el esfuerzo estadounidense por aplacar cualquier movimiento de izquierda condujo al periodo más oscuro en la región, con la instauración de dictaduras en países de Sudamérica y el despliegue del Plan Cóndor, campaña de represión y terrorismo de Estado por el cual se articuló el asesinato de cientos de opositores.

La figura clave de este periodo fue la de Winston Scott, director de la estación de la CIA en México entre los años 1956 y 1969. En ese periodo, Scott desarrolló una red de informantes que documentos desclasificados revelados posteriormente señalan a los entonces presidente y secretario de Gobernación mexicanos bajo los nombres clave de LITEMPO-2 y LITEMPO-8 para Gustavo Díaz Ordaz y a Luis Echeverría, respectivamente.

 Adolfo López Mateos, Scott no asignó un alias LITEMPO, sino el nombre código LITENSOR. Estos personajes tuvieron un primer desayuno en 1958, donde surgió el programa de la red de agentes pagados dentro y en torno a la oficina presidencial mexicana y su relación se fortaleció a tal grado que el mandatario fue testigo en la boda del agente estadounidense celebrada en 1962.

En el libro realizado por el periodista Jefferson Morley “Nuestro hombre en México: Winston Scott y la historia oculta de la CIA” se da a conocer parte de su actividad durante esos años a partir de las memorias del propio Scott.

Allí se relata como el director de la CIA mexicana utilizó su posición para recopilar información clave sobre asuntos políticos y económicos, así como detalles sobre los movimientos y actividades de grupos opositores en México. Esta información era transmitida a Washington concediendo una visión privilegiada de los acontecimientos en el país y tomar decisiones informadas en función de sus intereses nacionales.

El contexto durante aquella década era simple: los gobiernos mexicanos obtenían pagos y recibían recursos de inteligencia para espiar los avances de organizaciones de izquierda en el país y la región. A cambio, cada mandatario aseguraba un control en la vida política. 

La contrainsurgencia

Winston Scott llegó a México en momentos donde organizaciones obreras y agraristas sentaban las bases de nación y disputaban el control del Estado a partir de bases sociales firmes y combativas. Además, en el sureste mexicano la lucha zapatista aún se movilizaba en el sureste mexicano, encabezados por figuras como Rubén Jaramillo. 

Previamente, la CIA inauguró en el país fronterizo a Estados Unidos la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que según señala el periodista mexicano Alejandro Ruiz, estuvo detrás de “asesinatos y encarcelamientos extrajudiciales contra trabajadores movilizados durante el sexenio de Adolfo López Mateos” además de ser responsable del fusilamiento de Jaramillo junto a su esposa Epifania, que estaba embarazada, y a sus hijos Enrique, Filemón y Ricardo militantes de la Juventud Comunista de México.

Según el informe histórico de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado(FFEMOSPP), estas acciones junto a las masacres de 1968 que dejó cientos de estudiantes asesinados y de 1978 conocida como “el halconazo” -donde al menos 225 personas murieron por tiros y golpes de paramilitares apoyados por las fuerzas de seguridad mexicanas- fueron planificadas por la dependencia de la CIA en México.

Incluso, el mencionado documento detalla que los grupos a cargo de esta operación estaban nutridas de cuadros formados en la Escuela de las Américas, una academia de contrainsurgencia inaugurada en 1946, operada por el ejército norteamericano y la CIA, donde se instruyó a militares y policías de la región en tácticas para desarticular a la oposición de sus países y “combatir el comunismo”. 

Los cuatro agentes

Adolfo López Mateos(1958-1964), fue la pieza presidencial inaugural de la operación TEMPO por la cual se expandió un entramado de agentes pagados por la CIA alrededor de la presidencia. Durante su gobierno, el dirigente campesino Rubén Jaramillo fue asesinado por el ejército. En este tiempo las DFS crecieron a mano del aparato mexicano de represión.

Al asumir como presidente Gustavo Díaz Ordaz(1964-1970), Winston Scott deja expresado en sus memorias  que envío a la central de la CIA que “actuaría en la mayoría de los casos como se lo solicitara”. Durante este periodo la influencia de la agencia de inteligencia se extendió más allá de la presidencia. Según detalla Scott, para entonces la nómina de agentes en los altos mandos del Gobierno ascendía a 14 miembros. Todo ello en la considerada como época de esplendor de la “Revolución Mexicana” y del “nacionalismo revolucionario”.

Según se indica en el libro sobre la vida de Scott, su rol “era combatir el comunismo” al tiempo que “los mexicanos compartían intereses genuinos con esta agenda.” Ya que “la elite mexicana tenía que ser antiyanqui en el discurso público”, pero “en privado, querían proteger sus privilegios.” No sorprende entonces que en este periodo se haya desarrollado la Masacre de Tlatelolco. 

El tercer empleado de la CIA que ejerció el máximo cargo del Estado mexicano fue Luis Echeverría(1970-1976), quien fue acusado por la FFEMOSPP de fraguar junto a Díaz Ordaz de la matanza del 2 de octubre de 1968 bajo la estrategia del “Terrorismo de Estado” ampliamente extendido en Latinoamérica y que tuvo por objeto aniquilar a personas y movimientos sociales disidentes al gobierno.

Está metodología tuvo su máxima expresión en la Matanza del Jueves de Corpus, también conocida como “el halconazo”. Conjunto de hechos ocurridos el Ciudad de México el 10 de junio de 1971 que consistió en el ataque del grupo paramilitar “Los Halcones” que había sido entrenado por los gobiernos de México y Estados Unidos según desvela una investigación sobre el tema emprendida por Julio Scherer y Carlos Monsiváis y presentada en su libro “Los Patriotas: de Tlatelolco a la guerra sucia”. 

El plan, además del asesinato de cientos de estudiantes, también contempló el apoyo de elementos del Estado para su desarrollo y una campaña mediática de ocultamiento y justificación de la masacre.

En tanto, el último de los presidentes que se ha demostrado que estaban en la nómina de la CIA es José López Portillo (1976-1982), según se confirmó en 2023 cuando se dio a conocer un documento desclasificado por la Administración de los Archivos Nacionales de EE.UU. en el marco de las investigaciones del asesinato del presidente John F. Kennedy.

El vínculo de López Portillo con la CIA consta en un archivo fechado el 29 de noviembre de 1976, en donde queda reseñado que dos días antes de que el político del PRI asumiera formalmente la presidencia de México sostuvo  una reunión con ocho agentes de la CIA, en un momento en que varios materiales del Archivo Oswald iban a ser desclasificados.

Entrevistado por el medio mexicano, Aristegui Noticias, el periodista Raymundo Riva Palacio señaló sobre “Si México hubiera sido una democracia, esto era trabajar para un gobierno extranjero, este es el delito de traición a la patria, el único delito por el cual se puede destituir al presidente de México. Entonces, tres presidentes mexicanos consecutivos (la entrevista fue realizada antes de conocerse que López Portillo también era colaborador de la agencia de inteligencia estadounidense) se podrían haber destituido por traición a la patria y esto es algo de lo que me parece muy fascinante en lo que tiene que ver con México… la forma en como casi orgánicamente el gobierno mexicano trabajaba para la CIA… les decían ‘hay que hacer esto’ y lo hacían”.

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